Archivan denuncia de adulteración de documento público radicada por hijo de Mónica Gonzaga

Se conoció en las últimas horas que la denuncia presentada por Adriano Sessa, hijo de Mónica Gonzaga, contra los funcionarios públicos que participaron en la adulteración de la notificación municipal, fue extrañamente archivada antes de presentarse siquiera ante el juez. Acción que perjudica al Sr. Sessa por cercenar sus derechos como víctima de un delito de falsificación ideológica documental.

La oficina que actúa en esta causa es la Fiscalía Penal de San Carlos, a cargo de la Dra. Mariela Núñez, quien entendió que la causa debía archivarse, a pesar de que la defensa del señor Sessa, presentó pruebas fehacientes de una adulteración de documento público.

Más llamativo aún, que una funcionaria que está plenamente identificada, que trabaja en el municipio de Piriápolis, y que habría reconocido haber adulterado el documento oficial, declaró que realizó la escritura o enmienda por encima en ese documento original. Esta acción constituye una clara adulteración de documento público confesa, tal cual lo expresa el artículo 236 del Código Penal.

Sobre esta inesperada actuación de la fiscal Núñez, el Dr. Alejandro Sobrera, patrocinador del denunciante, declinó hacer declaraciones por el momento, aunque en los pasillos judiciales recuerdan a similares actitudes tomadas por el Fiscal Iglesias que archivó causas en tiempo récord, y que se encuentra hoy bajo la lupa y en proceso de sumario.

El hecho que tuvo mucha cobertura mediática en marzo del 2021, expuso al Sr. Sessa en los medios de comunicación, bajo la acusación infundada y sin pruebas de que Adriano Sessa había organizado una reunión en su casa de Portezuelo para 560 personas. Según declaró, habrían concurrido unas 30 o 40 personas, pero extrañamente, al otro día un comunicado oficial acreditaba que ¨560 personas¨ habían concurrido a una reunión no autorizada, sin establecer ninguna otra prueba más que una notificación adulterada.

A los pocos días y luego de ser expulsado por resolución del ex ministro Jorge Larrañaga (fallecido en mayo del año pasado), la defensa del hijo de Mónica Gonzaga solicitó al fiscal Shubert Velázquez la incautación del documento original de la notificación realizada por los funcionarios públicos de Piriápolis, con el número 01288, que motivó, con otro documento, el informe sobre la presencia de 560 personas en una reunión privada. El fiscal Velázquez se declaró incompetente ya que había sostenido anteriormente que el señor Sessa no había cometido ningún delito, y que nunca había ordenado la extracción de sus artículos personales y laborales como se hizo ilegalmente.

Sospechosamente la causa fue derivada a la ciudad de San Carlos, en lugar de pasar al segundo turno de la fiscalía penal de Maldonado, hecho llamativo que rompe la normal operativa de las causas, cuando alguna fiscalía se declara incompetente por alguna razón.

La sospecha de la defensa de Adriano, Dr. Alejandro Sobrera (mat. Nro. 10.654), estaba dirigida hacia los propios funcionarios sobre las inconsistencias que presentaban los documentos. En primera instancia el propio Sessa, tras declarar que a su fiesta habían concurrido alrededor de 30-40 personas, pero que habían ingresado por la playa y en terrenos públicos jurisdicción de prefectura, un número no identificado de personas que se habrían autoconvocado y que nunca ingresaron a su predio.

Pero también había hallado extraño que los funcionarios le hubieran adjudicado una cifra mayor en el documento número 01288, con una inscripción agregada en forma de "2" o de "Z", que parece leerse 260 personas. Según el Dr. Sobrera: "Cuando pudieran existir modificaciones o errores involuntarios, lo que debe hacer el funcionario es ¨validar abajo¨, o sencillamente volver a escribirla con una aclaración: ¨digo 260 personas¨, o ¨260 personas vale¨, cosa que no ocurrió".

Para sorpresa del letrado al obtener para su vista presencial la primera vía del documento 01288, que estaba "archivado fuera del municipio¨, se observa una clara adulteración con una enmienda o agregado que parece decir "560 personas", sobre este documento el doctor Sobrera comentó: "Lamentablemente tuvimos la sospecha real de estar frente a una adulteración de documento público, de acuerdo al artículo 236 del código penal, por lo que pedimos a la fiscalía investigue. Además del eventual abuso de funciones como quedó constatado cuando funcionarios públicos sustrajeron elementos personales de Sessa: computadora, parlantes, etc., sin una orden judicial o pedido fiscal, hechos de apariencia delictiva de acuerdo al artículo 162", comentó el abogado.

"Hubo acciones desmedidas hacia el Sr. Sessa, como la expulsión, el repudio en medios y redes, las notificaciones de multas, el abuso de funcionarios públicos, en base a documentación que denunciamos ante fiscalía de Maldonado, y quiero remarcar que mi defendido no cometió ningún delito. Esto está claro desde el punto de vista legal, y así lo ratificó la fiscalía del Dr. Velázquez. El procedimiento u operativo de los funcionarios públicos se encuentra reñido con la ley, y son éstos y sus superiores, quienes debieron dar explicaciones ante esa sede. Hoy es urgente, por razones obvias, incautar el documento y periciarlo", concluyó el doctor Alejandro Sobrera, en nota realizada el año pasado en Americatv.

Por otra parte, una pericia independiente realizada en otro país sobre la copia que tiene en su poder el Sr. Sessa, y las pruebas de contraste, sembró más dudas sobre el "número 2 agregado", ya que no condice con la forma de escritura que respeta en el resto del texto en cuanto al tipo de letra y a los espacios que deja entre palabra y palabra, "esa inscripción que parece una Z o un 2, esta agregada", concluyó la pericia realizada el año pasado.

Por razones que aún se desconocen, la fiscalía no avanzó ante la denuncia penal presentada y ante la confesión de la funcionaria, elementos más que suficientes para solicitar el procesamiento remitiéndose a lo que expresa la ley.

Esta determinación infundada por parte de la fiscal de San Carlos Mariela Núñez, representa un peligroso antecedente donde se vulneran los derechos consagrados que todos los ciudadanos tenemos en el debido proceso. Derecho a que se haga justicia ante un comprobado delito de persecución y falsificación con el mero fin de imponer sanciones administrativas y fiscales sin ninguna prueba, más que la inventada por una funcionaria de la administración municipal, y avalada por sus jerarcas de la Intendencia de Maldonado que debieron realizar una investigación administrativa y denunciar el ilícito ante la justicia penal.

Ante tantas irregularidades en el procedimiento que no otorgó garantías al Sr. Sessa, el fiscal de Corte, Dr. Juan Gómez, debería analizar seriamente ésta clara irregularidad y solicitar el reexamen del expediente.

Por Gustavo Descalzi